El lunes, la justicia de Honduras declaró a Roberto David Castillo Mejía, oficial de inteligencia militar y ex director de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), como coautor del asesinato de Berta Cáceres. Cáceres era activista, defensora de los territorios y los ríos del pueblo lenca y fundadora y líder de COPINH, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Durante años sufrió amenazas por oponerse a la represa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque, en la comunidad lenca Río Blanco. El 3 de marzo de 2016 fue asesinada de tres balazos, en su casa.
En noviembre de 2018, siete hombres fueron condenados como autores materiales del asesinato. Recién ahora se prueba que uno de ellos, Douglas Bustillo, estaba en contacto con Castillo por Whatsapp. Esta infografía publicada por Radio Mundo Real muestra cómo seguían a Cáceres. El fallo dice que “los directivos de DESA buscan realizar acciones para neutralizar acciones de Berta y de COPINH”.
El COPINH reclama que este es solo el inicio: falta juzgar a los autores intelectuales que ordenaron a Castillo coordinar el asesinato. Apuntan a la familia Atala, José Eduardo, Pedro, Daniel y Jacobo, propietarios y altos directivos de DESA y del mayor banco del país. Dos días antes del crimen, Daniel Atala, gerente financiero de DESA, hizo una transferencia a Castillo. Se cree que con ese dinero se pagó el asesinato.
Berta se convirtió en un emblema global. Durante los noventa días del juicio a Castillo, el campamento feminista Viva Berta acompañó el proceso cantando “Berta vive, la lucha sigue / Berta no murió, se multiplicó”. Una cosa es leerlo y otra escucharlo.
“El asesinato de Berta Cáceres fue una tragedia. El veredicto significa que financiamos una empresa cuyo director ejecutivo ha sido declarado culpable de estar involucrado en un asesinato. Estamos devastados por esto”, dijo en un comunicado FMO, el banco holandés de desarrollo emprendedor, que invertía en DESA.