“La Junta de Castilla y León ha declarado un brote de gripe aviar en una macrogranja de 133.750 gallinas ponedoras de Íscar, Valladolid, y ha procedido al sacrificio de las aves”, abre una nota de Alejandro Tena en Público, el viernes. “Esta situación llega un mes después de que la política española afrontase un debate embarrado sobre las macrogranjas y sus efectos negativos para la salud de las personas.”
El tema de las macrogranjas está explotando en España. El 26 de diciembre, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, dijo a The Guardian: “la [industria] que no es en ningún momento sostenible es la que llaman las de las macrogranjas” (“mega-farms”). “Cogen un pueblo de la España despoblada, meten 4.000 cabezas de ganado allí, o 5.000 o 10.000, contaminan los suelos, contaminan el agua y después normalmente se exporta. Es una carne de peor calidad, es un maltrato animal y es un impacto ecológico descomunal y desproporcional”, traduce ElDiario.es. El sector ganadero se le vino encima. En el Partido Popular llegaron a decir que en España “no existen las macrogranjas”.
El 22 de enero, El País de España publicó un informe sobre macrogranjas porcinas con imágenes fuertes. Decía que en España “hay 3.217 explotaciones industriales activas que producen miles de cerdos al año en un proceso intensivo (…) Se trata de la parte más importante de un sector que en su conjunto produce más de 53 millones de cerdos al año y 60 millones de metros cúbicos al año de purines, que ocuparían un área equivalente al centro de la ciudad de Madrid.” Los purines son “residuos que mezclan heces, orines, paja o agua”. Perdón si estabas desayunando.
Contaminan las aguas; entre otras cosas, ayudaron a arruinar el Mar Menor, la mayor laguna de agua salada de Europa, en Murcia.
”Mientras, las organizaciones ecologistas piden replantear cómo se trata a estos animales, con los que se acaba de conocer que hasta se puede compartir órganos como el corazón o los riñones”, recuerda El País.