Ayer se cumplió un mes de paro nacional en Colombia y cuatro hombres murieron en las calles de Cali. Dos, baleados por un oficial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General fuera de servicio, que según Télam “disparó a un grupo de manifestantes que participaban de un bloqueo”. Después, “terminó muerto a manos de personas que se encontraban en el sector”, según el fiscal general, Francisco Barbosa.
Más temprano, según Radio Reloj, “un joven de 24 años fue asesinado (…) hacía parte del grupo de manifestantes que adelantaba las protestas bloqueando la vía”. Según El Tiempo, hubo “escaramuzas por los intentos de retirar las barricadas”. Dice que la víctima era parte de la Primera Línea (N37P06).
Anoche, el presidente Iván Duque anunció “el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional” para controlar “actos de vandalismo, violencia y terrorismo urbano de baja intensidad” y lograr “la protección de todos los activos estratégicos de la Nación, la productividad y la logística”. Ponderó “la protección de los corredores”. “El desbloqueo, principio y medida de protección de los derechos de todos los ciudadanos”, sentenció. “Hay más de siete mil hombres desplegados para esa labor, donde también se incluye a personal de la Armada nacional”.
Desbloqueo: desarticular los bloqueos, o cortes de ruta. Las protestas.
Según la ONG Temblores, en este mes se registraron 3405 hechos de violencia (113 por día), incluyendo 43 homicidios presuntamente a manos de la Fuerza Pública, 1445 detenciones arbitrarias, 47 agresiones oculares y 22 sexuales.
Dijo la ONU: “Llamamos a la calma y la no violencia.”
Dijo Duque: ““Aceleraremos la judicialización y empezaremos un despliegue de las capacidades de inteligencia para que el pueblo conozca los vínculos en muchas de esas actividades vandálicas con grupos organizados”. El “pueblo” al que le habla no es el que está en la calle llorando víctimas, reclamando por torturas o buscando a al menos 129 desaparecides, como Tatiana, Walter o Carlos.