El jueves, el gobierno de Minas Gerais cerró una negociación con la minera Vale, que se comprometió a pagar unos 6800 millones de dólares al estado como resarcimiento por el derrame tóxico de Brumadinho, el peor crimen socioambiental de la historia de Brasil. Fuera del tribunal, en Belo Horizonte, cientos de personas protestaban porque la negociación se realizó a espaldas de las víctimas directas. La ruptura de la represa de la mina Córrego de Feijão mató a 270 personas y contaminó 300 kilómetros del río Paraopeba.
Fue el 25 de enero de 2019, a la hora del almuerzo. Uno de los diques de residuos de la mina -que producía hierro- se rompió. Las sirenas de emergencia no sonaron. Una ola inmensa de barro tóxico a setenta kilómetros por hora arrasó con el comedor de empleados y toda el área administrativa, y llegó rápidamente a Vila Ferteco, a un kilómetro (video, si te animás). Al principio se habló de cuatro muertos y 200 desaparecidos; durante semanas se sacaron cadáveres del lodo, y algunos no se encontraron jamás. A las 15 horas del derrame, el barro llegó al río Paraopeba; los residuos del hierro inhabilitaron el consumo de agua, la pesca y la agricultura.
Esto ocurrió tres años después y a 127 kilómetros de la tragedia de Mariana, también en Minas Gerais y a cargo de Vale, considerado el peor desastre ambiental de Brasil: 19 muertes, destrucción del pueblo de Bento Rodrigues y daños permanentes a la cuenca de los ríos Doce y Espirito Santo, y al mar.
Qué pesado nacer en un territorio que fue nombrado por sus conquistadores, sin ningún prurito, Minas Generales. La minería del estado aporta el 8% de las exportaciones de Brasil. Vale fue fundada como empresa pública brasileña en 1942 y privatizada en 1997. Es la mayor productora de mineral de hierro del mundo y la segunda de níquel. Tras el acuerdo, sus acciones subieron un 3 por ciento.
En la apertura de las sesiones legislativas, Bolsonaro pidió que se permita la minería en tierras indígenas.