Nicolás García Uriburu no tenía permiso para colorear Venecia; por eso fue detenido, interrogado y recién liberado cuando se determinó que su intervención no era tóxica. Muchas otras intervenciones se realizan del mismo modo, sin permiso. Esta semana la ciudadanía de Chubut volvió a las calles con banderas viejas, más viejas que algunas de las personas que las llevaban. Decían “No a la mina”. Y otras: “No tienen licencia social”.
El trabajo del frente ciudadano No a la mina es histórico, un referente para decenas de movimientos en defensa de los bienes comunes. Desde 2003, vecinos y vecinas se plantaron con tanta firmeza que lograron la sanción de la ley 5001, que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto. Ahora, el gobernador Mariano Arcioni vuelve a insistir con zonificación para megaminería, y vuelven a salir las banderas en defensa del río Chubut.
La noción de “licencia social para operar” me la explicó hace dos años la investigadora Florencia Arancibia. Es el término que usan las empresas para hablar del consentimiento de las comunidades a su intervención, a partir de una iniciativa de las Naciones Unidas de 2004. Hay especialistas que venden consultorías en licencia social como “herramienta de management” (Socialicense tm). Se envían equipos a contactar a quienes habitan la zona para interiorizarse de sus necesidades y deseos y se hace una oferta. En el caso de Chubut, la empresa Pan American Silver está ofreciendo a los pueblos de la meseta trabajo, energía eléctrica, transporte e internet: servicios básicos. Se negocia, se asienta en planillas que la licencia social fue obtenida y empiezan los trabajos. A menos que un pueblo entero salga a la calle con banderas que dicen “no hay licencia social”, en idioma empresarial, como para que se entienda, por si “No es no” no era claro. Ayer el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, dijo a Radio Nacional Esquel: “Si no hay licencia social, no se puede hacer”.